Trabajo dice que seguirá adelante con la tramitación del registro horario pese al dictamen desfavorable del Consejo de Estado | Economía

El dictamen desfavorable del Consejo de Estado al refuerzo del registro horario que planea Yolanda Díaz no cambia su hoja de ruta. El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la tramitación del decreto, sin cambios sustanciales de contenido, y espera llevarlo al Consejo de Ministros con su estructura actual, según expresa el propio departamento. Se abren a modificaciones de carácter técnico, pero no de fondo, y descartan absolutamente reabrir la negociación del texto, rechazado por las patronales y suscrito por los sindicatos. Precisamente las centrales, UGT y CC OO, han emitido este martes un comunicado conjunto en el que que expresan su “profunda preocupación” por el dictamen y el rechazo al contenido del mismo.

El refuerzo del registro horario es el plan B del Ministerio de Trabajo ante el rechazo del Parlamento a la reducción de jornada a 37 horas y media por semana. El ministerio busca obligar a que el registro sea obligatoriamente digital y accesible para Inspección. En el proyecto original también se planteaba un incremento de las sanciones por incumplimientos, pero esta parte se descartó porque exige un cambio legislativo y el aval del Parlamento, con una mayoría de derechas que le cerraría el paso.

Trabajo cree que los otros elementos se pueden articular con un reglamento, sin tramitación parlamentaria, extremo que el Consejo de Estado rechaza en su informe no vinculante. Esa opinión del órgano consultivo, que CEOE también venía expresando desde hace meses, pone muy fácil la impugnación judicial de las organizaciones empresariales. De momento, la asociación dirigida por Antonio Garamendi no ha opinado sobre este dictamen, ya que, dicen, aún no tienen el texto.

Sí lo han leído los sindicatos. “Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud [el de las horas extra impagadas, cuatro de cada diez que se realizan en España], se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado”, dicen CC OO y UGT en su comunicado conjunto. El sistema actual entró en funcionamiento en 2019, cuando el PSOE gobernaba en solitario.

“Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido inequívoco al respecto: los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas”, agregan los sindicatos. La normativa actual permite realizar el registro en papel, mientras que el cambio que defienden Trabajo y los sindicatos obligaría a que fuera digital, “reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros”.

Los sindicatos ven “especialmente llamativo” el posicionamiento del Consejo de Estado en materia de protección de datos. “La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, dicen las centrales, que agregan: “Si este criterio se llevara al extremo, cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos”.

“Ambos sindicatos instan al Gobierno a continuar adelante con la reforma del registro de jornada, reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real”, finalizan UGT y CC OO. Trabajo pretende seguir adelante con la reforma, e insiste en que no necesita volver al Consejo de Estado antes de entrar en el Consejo de Ministros. Antes de llegar a la reunión del gabinete, el texto deberá pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en manos de Carlos Cuerpo, cuyo departamento es especialmente crítico con la norma. El dictamen del Consejo de Estado se hace eco de múltiples correcciones de Economía al proyecto, así como de Función Pública y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El Consejo de Estado aplaude el fin de la norma —evitar las horas extra impagadas—, pero considera que no mide correctamente el impacto económico de la medida, que invade terreno legislativo pese a ser un reglamento, que no se adecúa correctamente a las necesidades específicas de los sectores y que no asegura la protección de datos de los trabajadores.