El calibrado de la respuesta al ‘shock’ energético | Negocios

La cumbre europea celebrada en fechas recientes revela un acercamiento de posiciones en torno al rechazo al conflicto armado, pero la cacofonía persiste en cuanto a la respuesta económica. Las diferencias de puntos de partida contribuyen a explicar que los Estados miembros no estén dispuestos a tocar la misma partitura.

España ha invertido en energías renovables, lo que ha permitido que el precio del gas no sea tan determinante para la factura de la luz. Italia no ha realizado el mismo esfuerzo, de modo que sus consumidores están pagando la electricidad por encima de los 140 euros, frente a 30-40 euros en el mercado ibérico (según la media del kilovatio de la semana pasada). De ahí que el ejecutivo transalpino esté solicitando un recorte del coste de las emisiones de carbono, o incluso una suspensión del mercado, algo rechazado por el Gobierno español.

De manera similar, muchas voces advierten de la ineficiencia de recortes generalizados de gravámenes sobre el consumo de energía, como ocurrió tras el estallido de la guerra de Ucrania. Aun así, los gobiernos podrían sucumbir a esa mala práctica.

Más allá de las distintas visiones, conviene plantear algunos criterios objetivos que podrían guiar el buen diseño de la estrategia. El coste presupuestario es uno de ellos, ya que el contexto es distinto al que prevalecía hace cuatro años, cuando las reglas fiscales estaban en entredicho y el BCE compraba casi todos los bonos emitidos por los Estados, aligerando la carga financiera.

El impacto en la factura de la luz es menor en España que en otros países UE (Líneas)

En el caso de España, los ingresos generados por el consumo o la producción energética ascienden a cerca de 14.000 millones en concepto de impuestos especiales, y otros 9.000 millones de IVA. Es decir, la energía aporta el 2% del PIB en recursos a las arcas públicas. Cualquier decisión que afecte estos ingresos debe ser compatible con el objetivo de moderación de los desequilibrios presupuestarios, siendo esta una premisa para conservar un espacio de soberanía.

Otra consideración es la eficacia de la lucha contra la inflación. En este sentido, una acción quirúrgica, focalizada en sectores que vertebran la cadena de suministro, como el transporte profesional o los fertilizantes, permitiría amortiguar la propagación del shock energético en el IPC —al tiempo que redundaría en un coste asumible para las arcas públicas—. Esta es una cuestión importante para una economía como la española que arrastra un diferencial desfavorable de inflación.

De manera similar, el factor de vulnerabilidad social se aborda con dispositivos sociales que vayan a la raíz del problema, como el bajo nivel ingresos, y no con rebajas tributarias universales, por definición regresivas. Éstas, además, encubren una transferencia de los contribuyentes que ahorran energía utilizando el transporte público, por ejemplo, a favor de aquellos que, no haciendo ese esfuerzo, se benefician del subsidio a los hidrocarburos.

Finalmente, ante la incertidumbre que rodea la duración de la guerra de Irán y su severidad, las ayudas deberían obedecer al principio de flexibilidad o transitoriedad. Es decir, las medidas deberían poder modificarse rápidamente, ya sea al alza o la baja, en función de la coyuntura geopolítica. Hoy por hoy, las señales de desescalada que emanan del ejecutivo norteamericano se ven desmentidas por los ataques cruzados a las principales instalaciones de extracción y tratamiento del gas del Golfo Pérsico. Y el pesimismo prevalece, a tenor de la tensión observada en los mercados a plazo, que anticipan un precio del gas prácticamente sin cambios hasta finales de año, es decir un 80% más elevado que antes del ataque a Irán.

Con todo, la economía española conserva un potencial de crecimiento y una capacidad de resistencia, gracias a la disponibilidad de energías renovables. No obstante, estas ventajas deben ser aprovechadas cuidando el diseño de la respuesta a una crisis cuyo desenlace sigue siendo impredecible. El Gobierno anuncia un mix de medidas genéricas, y por tanto costosas, y quirúrgicas, más eficaces; queda por conocer la letra pequeña para dilucidar su alcance.

Energía

Conforme a los datos de la oficina estadística europea (Eurostat) para el año pasado, el 32% de la producción eléctrica de la Unión Europea procede de fuentes fósiles como el petróleo, el carbón y, sobre todo, el gas. En el caso de España el porcentaje asciende al 25% (siete puntos menos que antes de la guerra de Ucrania, gracias a la subida en escala de las energías renovables). Alemania e Italia, con 48% y 52% de aportación fósil respectivamente, figuran entre las economías más expuestas al encarecimiento del gas provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas. En X: @RaymondTorres_

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