El Gobierno aportará al menos 670 millones para evitar un agujero en el sistema eléctrico | Economía

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará dos créditos extraordinarios para cubrir el déficit que se va a generar en el sistema eléctrico por el recorte de los peajes a la industria electrointensiva y la suspensión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) durante el ejercicio de 2026. Concretamente, de 220 millones de euros y 450 millones, respectivamente, tal como figura en el Real Decreto Ley por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, publica este sábado el BOE y entra en vigor el domingo.

La norma incluye, entre otros, la rebaja del IVA de la luz, el gas natural (del 21% al 5%) y el impuesto de la electricidad (del 5,5% al 0,5%) para los consumidores pequeños (los que tienen contratada una potencia inferior a 10 kV), así como el impuesto especial de hidrocarburos, hasta el equivalente a una media de 20 céntimos por litro para todos los usuarios.

En el caso de los recortes que afectan a los ingresos del sistema eléctrico (que provienen de lo que pagan los consumidores en su recibo y del citado 7%) el Gobierno los compensará directamente. Según el decreto ley, para sufragar el coste de la rebaja en un 80% de los peajes a los grandes consumidores industriales, hasta el 31 de diciembre, el ministerio librará “un crédito extraordinario por 220 millones de euros”, lo que deberá tener en cuenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el organismo encargado de cobrar y liquidar las cuentas del sistema y tiene la potestad para determinar esta tarifa regulada para financiar las redes. En este caso, el Gobierno estaba obligado a la citada compensación. Los peajes forman parte, junto a los denominados cargos, de la parte fija de la factura de la luz

En el caso del IVPEE, que se destina a financiar los cargos (costes ajenos al sistema, como la amortización de la deuda eléctrica histórica o la retribución a ciertas renovables), sí son potestad del ministerio que dirige Sara Aagesen. Según el Gobierno, la suspensión del polémico 7%, que cobran las eléctricas y repercuten al consumidor final, tendrá un coste de 450 millones de euros, algo que contrasta con la previsión incluida en la orden de cargos del propio ministerio, que estima unos ingresos en 2026 de 1.995 millones de euros procedentes de este impuesto. Fuentes del sector recuerdan que la recaudación está relacionada con el precio de la electricidad, pero “parece más cercana a la estimación de la orden, que a los 450 millones que aportará el ministerio”.

En cualquier caso, el RDL deja abierta la posibilidad de que esta cifra sea superior. Así, la disposición adicional 14, señala que “adicionalmente, se podrá compensar al sistema eléctrico hasta el importe equivalente a la reducción de recaudación consecuencia de la modificación del impuesto (..) hasta el límite máximo de la cantidad necesaria para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los gastos asociados a los cargos del sistema eléctrico”. Esto significa que se podría hacer una mayor aportación, pero solo si hay riesgo de déficit tarifario.

Otras subvenciones

Otras subvenciones que propone el Gobierno está relacionado con las reservas de gas natural en un momento delicado pues este combustible se almacena en verano para el invierno. Así, aprobará otro crédito por 45 millones de euros para compensar a las comercializadoras que superen el mínimo de reservas estratégicas obligatorias y lo hará aplicándoles un canon cero. Por contra, el Gobierno considera que se deben intensificar las sanciones, hasta 30 millones de euros, introduciendo una tipología de “infracción muy grave” para quienes incumplan los “programas de aprovisionamientos del sistema gasista español” y evitar “comportamientos oportunistas en caso de crisis”.

También se incluye un suplemento de crédito para financiar el incremento en 90 millones de euros de la cantidad destinada al bono térmico de la luz, que será de un mínimo de 50 euros para el usuario que tenga derecho al mismo. Este bono lo gestionan las comunidades autónomas y está ligado a las zonas climáticas donde se habite.

Lo que no pagará el Estado son las mejoras del bono social eléctrico (que financian con un recargo de la factura los consumidores que no son beneficiarios), que recupera en este ejercicio los descuentos extraordinarios aplicados durante la guerra de Ucrania y estuvieron vigentes hasta finales del año pasado. El descuento para el consumidor vulnerable será del 42,5% y el del vulnerable severo, del 57,5%.

Ha sorprendido que la medida anunciada en febrero por el Ministerio de Transición Ecológica de que ligaría el bono de la luz a la renta (sin excepciones), lo que dejaría sin los descuentos a las familias numerosas no se haya incluido en el RDL aprobado ayer. Quizás el Gobierno haya querido evitar la polémica de cara a la convalidación de la norma la semana en el Congreso la semana que viene. Al fin y al cabo, para aprobar esta medida le basta un real decreto.

Tampoco el tope del precio que se establece para las bombonas de butano y propano las financiará el Estado (que sí asume las ayudas a la agricultura, la pesca y los transportistas), sino los propios usuarios en un futuro. La fórmula que fija el precio de estos GLP (gases licuados del petróleo) no se ha modificado, sino que el défict que se genere se pagaría más adelante de modo aplazado y con intereses.

Algunas de las medidas recogidas en el real decreto ley están sujetas a la autorización de Bruselas como ayuda de Estado.