El FMI recorta la previsión de crecimiento de España hasta el 2,1% este año por la guerra de Irán | Economía

La guerra que Estados Unidos e Israel han declarado contra Irán ha despertado el fantasma de una crisis energética. El bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico global para las fuentes de energía, y los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo han agitado los mercados financieros y disparado los precios del petróleo y del gas. La economía española no es inmune a esta convulsión, pero afronta esta perturbación en mejor situación que sus socios europeos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española, hasta situarla en el 2,1% para este año y en el 1,7% para 2027. En su análisis, observa una paulatina ralentización de la actividad como consecuencia del agotamiento de algunos motores, como los fondos europeos y la inmigración, que en los últimos años han situado al país en el podio de las economías más dinámicas del mundo.

“A pesar del efecto adverso y la mayor incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, se espera que el crecimiento se mantenga sólido este año, antes de ralentizarse gradualmente a medida que se moderen las entradas de inmigrantes y se intensifique el envejecimiento demográfico”, apuntan los economistas del Fondo tras la misión para elaborar el Artículo IV de 2026, el prolijo documento que el FMI elabora sobre las fortalezas y debilidades de las economías de cada país.

Los técnicos del organismo multilateral con sede en Washington consideran que la guerra de Irán “afectará negativamente a la economía española”. Y explican que el principal shock procede del aumento de los precios del petróleo, que se han encarecido más de un 50% desde el inicio del conflicto hasta situarse en torno a los 110 dólares el barril. El gas natural, por su parte, se ha disparado un 98% hasta situarse en los 60 dólares por megavatio hora tras el bombardeo del campo iraní de South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, y las represalias de Teherán con ataques a instalaciones energéticas en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, especialmente la megaplanta de gas en Ras Laffan (Qatar), que produce y almacena casi una quinta parte del gas mundial.

Riesgo si la guerra se prolonga

“El impacto de la subida de los precios del gas debería verse atenuado por varios factores, entre ellos la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España”, explica el organismo multilateral presidido por la búlgara Kristalina Georgieva. En la última década, España ha apostado decididamente por la energía renovable, concediendo licencias para construir huertos solares y campos de generadores eólicos, hasta situarse como uno de los países europeos con más proporción de energía verde de Europa.

A pesar de esto, el Fondo advierte de que “un conflicto prolongado en Oriente Medio podría traducirse en un aumento más duradero de los precios de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y una mayor incertidumbre, lo que pesaría sobre la inversión, el consumo y el crecimiento”. España no se libraría de una sacudida importante si la guerra se enquista. Las empresas y los hogares sufrirán las consecuencias del conflicto en el golfo Pérsico: “Podría provocar mayores efectos de segunda ronda sobre los salarios y la inflación, manteniendo la inflación general por encima del 3% durante un tiempo”.

El recrudecimiento de otras tensiones geopolíticas y de las medidas comerciales es otro riesgo externo importante para España y para la economía global, advierte el FMI.

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar este viernes un paquete de medidas valoradas en unos 5.000 millones para afrontar la incipiente crisis energética, entre las que se encuentran rebajas de impuestos de los combustibles, el gas y la producción eléctrica, ayudas directas a sectores y hogares, y otras iniciativas para proteger a los trabajadores e impedir desahucios.

”Las medidas fiscales para mitigar el impacto del shock de precios de la energía también deben evitar amortiguar las señales de precios”, aconseja el FMI, que solo defiende las medidas extraordinarias si la situación se agrava. “Un apoyo discrecional temporal y focalizado debe considerarse, siempre que los costes de financiación de la deuda soberana se mantengan bajos, solo en caso de un shock grave.

Debilidad parlamentaria

El documento del FMI contiene una panoplia de recomendaciones para hacer más resistente la economía española. Pero advierte de que “la fragmentación política plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las importantes medidas de consolidación fiscal y reformas”. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo, con serias dificultades para aprobar proyectos de ley y una incapacidad evidente para aprobar unos presupuestos durante la legislatura, alimenta las dudas de los funcionarios del Fondo sobre la capacidad del Gobierno de Sánchez de sacar adelante los planes de reformas pendientes.

Eliminar control de alquileres

Uno de los mayores problemas que afronta la economía española en la actualidad tiene que ver con la crisis de la vivienda por la falta de acceso de toda una generación a un inmueble en condiciones dignas. “El deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige una acción más contundente del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda”, apunta el FMI, que respalda la mayor parte de las medidas puestas en marcha por el ministerio para facilitar el acceso a una vivienda.

No obstante, el Fondo expresa sus dudas sobre una de las medidas más controvertidas del Gobierno, el control de precios del alquiler. “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”, señala el documento.

La regulación de los precios del alquiler ha cumplido dos años en Cataluña. Así que la propuesta del FMI tiene destinatario claro. La medida ha logrado frenar la subida descontrolada de los arrendamientos, pero ha tenido efectos secundarios. Se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler y ha provocado una desviación de muchos pisos a otras finalidades, como el alquiler de temporada o la venta.

Los economistas del organismo recomiendan políticas para aumentar la oferta que tienen que ver con aumentar la construcción, acelerar los planes urbanísticos, liberar más suelo para la construcción de vivienda, agilizar los trámites y permisos. “Y”, apostilla el Fondo, “reducir la inseguridad jurídica de los proyectos reactivando la reforma de la Ley del Suelo”.

La crisis de la vivienda ha provocado un aumento de los precios de las casas a tasas de dos dígitos, al tiempo que el alquiler se ha disparado en los últimos años. La irrupción de plataformas de alquiler turístico en las grandes ciudades, el crecimiento de la población, la inmigración y otros factores, como los bajos tipos de interés y un déficit en la construcción, han alimentado el problema.

“La mayoría de las recientes iniciativas del Gobierno son bienvenidas”, destaca el FMI, que recalca: “Sin embargo, la oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda”.

El Fondo insta a reformar la Ley de Vivienda, que regula la declaración de zonas tensionadas para permitir controlar los alquileres, a fin de imponer la condición de que las comunidades autónomas adopten medidas concretas y cuantificables para estimular la oferta, incluida la liberación de nuevo suelo.

Tipos del IVA y reforma de pensiones

Aunque el Fondo alaba el esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho España en los últimos años, hasta reducir el déficit público al 2,5% del PIB en 2025, recomienda no caer en la complacencia y percutir sobre el desfase presupuestario para hacer un colchón que permita afrontar futuras perturbaciones.

Advierte de que en los próximos años será más difícil rebajar la deuda pública y que a partir de 2030 incluso volverá a aumentar “considerablemente” por las tensiones de gasto derivadas del envejecimiento de la población: más pensiones, gasto en sanidad y cuidados de larga duración.

Para ampliar el espacio fiscal, propone armonizar los tipos del IVA, “eliminando los tipos reducidos sobre una amplia gama de productos; combinado con transferencias compensatorias a hogares de renta baja, podría lograr gran parte de la restante consolidación prevista” en el plan de ajuste.

Pero también, apunta a la reforma de las pensiones, “para abordar el fuerte aumento futuro del gasto en pensiones, eventualmente serán necesarias medidas favorables al empleo —entre otras, alternativas a la subida de los tipos de cotización, como alargar el período en base al cual se computan las prestaciones”, abunda.