¿Y si los ayuntamientos invierten su superávit en vivienda social? | Opinión

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, decía esta semana que la falta de vivienda a precio asequible va a expulsar a las izquierdas de los gobiernos. Era una manera de dibujar cuál es el mayor problema de este país, algo de lo que hay conciencia pero pocas soluciones, que además tardarán años en dar resultado. Las diferentes administraciones no se pueden llamar a andanas, puesto que tienen muchísimo que ver con la situación y en las soluciones a aportar. Quizá por eso, los alcaldes, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se han lanzado a pedir al Gobierno flexibilidad para poder utilizar en vivienda el superávit de casi 11.500 millones acumulado en 2024 y 2025, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF),a los que se sumarán otros 3.500 millones este año.

El Gobierno ya aprobó a primeros de diciembre pasado un real decreto ley que permite a las entidades locales utilizar el superávit de las cuentas de 2024 en lo que se denominan Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante tres años (2025-2027), sin que además computen como gasto en esos años, ya que como su nombre indica son inversiones que tienen que contar con un plan económico que las haga sostenibles, lo que supone que normalmente se destinen a infraestructuras cuya vida es muy larga, como es vivienda, centros docentes o de asistencia sanitaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basuras, alumbrado, carreteras, etc.

La buena situación financiera de los ayuntamientos es consecuencia de las lecciones aprendidas con la gran crisis de hace década y media. En 2012, recién llegado Mariano Rajoy al Gobierno, se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que acabó con el margen de maniobra de los alcaldes, ya que “las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”. Por tanto, no se puede gastar más de lo que se ingresa, algo que no se impuso ni a comunidades autónomas, ni al propio Gobierno, cuya política de gasto era vigilada por los llamados hombres de negro (UE, BCE y FMI). Si el ejecutivo central hubiera tenido las mismas restricciones, habría habido una recesión de caballo y un estallido social. Aquella norma estableció, además, que si hay superávit, más ingresos que gastos, su utilización y ámbito de aplicación requerirá habilitación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con lo que no contaban es con que la prórroga de los presupuestos se convirtiera en una práctica frecuente.

Aquella ley nació en un momento muy excepcional, pero se ha convertido en un instrumento clave para embridar las cuentas del conjunto de las Administraciones públicas. Ahora, cuando algunos ayuntamientos viven una situación más boyante quieren buscar la forma de quitarse este corsé. Por eso, la FEMP ha aprobado por unanimidad, con apoyo de regidores del PSOE y el PP, una serie de enmiendas al real decreto ley aprobado en diciembre, de manera que se suavice la intervención del Gobierno central.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP) y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, ha defendido que las enmiendas responden a una idea central: que “el dinero que los ayuntamientos tenemos lo utilicemos nosotros” y que sean los gobiernos locales quienes decidan “cuándo y en qué se invierte”. La FEMP reclama un marco normativo plurianual que permita usar el superávit en los años sucesivos con libertad de destino, sin necesidad de autorizaciones anuales.

El alcalde de Estepona recordó que la vivienda asequible es la demanda social más relevante, y citó expresamente a colectivos como los jóvenes, las familias monoparentales y las familias con bajos recursos, por lo que propugnó que los superávit puedan ser destinados a este fin, algo que contempla el propio real decreto. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida (PSOE) y vicepresidente de la comisión que preside su colega de Estepona, defiende que también se puede gastar en políticas de vivienda como urbanizar suelos dotacionales públicos para abaratar costes y facilitar oferta pública en ciudades con mercados tensionados.

La AIREF emitió a finales de octubre pasado su informe annual sobre los presupuestos de las corporaciones locales, en esta ocasión de 2026, y señalaba que esperaba que terminaran 2025 con un saldo positivo del 0,3% del PIB, una décima menos que un año antes, debido a que los ingresos crecieron menos que los gastos (3% vs 5%). Para este año, prevé un nuevo descenso de una décima, hasta el 0,2% del PIB. Por tanto, solo en estos tres años se acumulará un superávit de casi 15.000 millones.

Los 25 mayores entes locales que analiza la AIREF, entre los que están los 17 ayuntamientos con más de 250.000 habitantes, y las diputaciones forales vascas, el cabildo de Tenerife, el Consejo de Mallorca y las diputaciones de Barcelona, Valencia y Sevilla, tendrán un superávit este año equivalente al 5% de sus ingresos. Aquí están la mayoría de las ciudades que sufren las mayores tensiones en materia de vivienda, por tanto podrían hacer un mayor esfuerzo presupuestario en este ámbito.

Una de las prioridades debería ser la construcción de un parque público de vivienda social. En España, tan sólo el 3,3% del parque de vivienda es social, frente a una media del 8% en Europa. Esto supone que en España hay unas 318.000 casas de propiedad pública, de las que 197.000 pertenecen a las comunidades autónomas y 121.000 a los ayuntamientos, según datos de cierre de 2024 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La distribución de estas viviendas es muy desigual. Barcelona tiene el equivalente a 5 casas por 1.000 habitantes, que es más del doble de Madrid (2 por 1.000). Cádiz, donde hay más paro y menores rentas, tiene 17 por 1.000 y otras capitales, como Ourense, Oviedo o Zamora no llegan a una por diez mil habitantes.

La falta de vivienda social pública es una de las causas del aumento de la ocupación de casas en alquiler. La falta de respuesta en instancias oficiales empuja a las familias a buscar soluciones que a veces están fuera de la ley. Pero cuando el inquilino deja de pagar y se queda en la casa, aprovechando la prórroga de las moratorias antidesahucio que se aprobaron durante la pandemia para proteger familias en dificultades, se está perjudicando a otras familias, que asumen un coste que no les corresponde. Por eso, Gobierno y PNV pactaron en febrero pasado una enmienda para proteger a particulares con una única vivienda en alquiler y que se encuentran con inquilinos que no pagan y no pueden desalojar porque la ley les ampara. Son las administraciones las que tienen que asumir esa protección social, algo que sería sencillo si los ayuntamientos tuvieran un parque de viviendas sociales amplio. Utilizar los superávits acumulados en construir un parque de vivienda social sería una buena opción.