España abre la consulta pública del ‘ómnibus digital’ | Economía

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado la apertura del procedimiento de consulta pública sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida popularmente como el ómnibus digital. Esta iniciativa busca no solo modernizar el ecosistema tecnológico del continente, sino también someter a escrutinio ciudadano una de las reformas legislativas más ambiciosas de la última década.

El periodo de participación estará vigente hasta el próximo 29 de marzo, permitiendo que empresas, administraciones y ciudadanos presenten sus aportaciones a través del portal de participación pública del Gobierno.

El ómnibus digital nace como una respuesta directa a la creciente complejidad del marco regulador europeo. La propuesta tiene como eje central la simplificación y clarificación de las normas que rigen el ámbito digital, con especial énfasis en la gestión de datos. A través de una reforma integral, la Comisión Europea pretende consolidar y racionalizar la legislación vigente para evitar los solapamientos que, durante años, han lastrado la capacidad operativa de las organizaciones europeas. El objetivo es reducir significativamente las cargas administrativas y reforzar la seguridad jurídica, garantizando al mismo tiempo que los altos estándares de protección de derechos fundamentales, privacidad y seguridad de la información permanezcan inalterables.

La magnitud de esta reforma se refleja en la cantidad de normativas que se verán afectadas. Por un lado, el proyecto plantea modificaciones estructurales en pilares básicos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva de Ciberseguridad (NIS2), la Directiva de resiliencia de entidades críticas y la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. Asimismo, se ajustarán el Reglamento de la Pasarela Digital Única (SDG) y el marco de protección de datos de las instituciones de la propia Unión.

Por otro lado, la estrategia contempla la derogación de normas que se consideran superadas o redundantes en el contexto actual, como el Reglamento sobre libre circulación de datos no personales, el de Gobernanza de Datos, la Directiva de datos abiertos y el Reglamento sobre usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea.

Este ajuste normativo no es una cuestión meramente técnica; tiene una traducción económica de impacto masivo. Según las estimaciones de Bruselas, si estas reformas se implementan con éxito, las empresas europeas podrían ahorrar aproximadamente 11.900 millones de euros anuales.

El alivio financiero es fundamental en un momento en que la Unión Europea busca recuperar terreno frente a potencias como China o Estados Unidos, cuyas economías han avanzado con mayor celeridad gracias a marcos regulatorios menos fragmentados. Históricamente, el complejo proceso legislativo de la UE —donde las propuestas de la Comisión deben ser negociadas, modificadas y aprobadas por el Parlamento y el Consejo— ha generado una acumulación de requisitos que a menudo obliga a las empresas a duplicar trámites idénticos para diferentes normativas.

La meta fijada por Bruselas es ambiciosa: reducir la carga burocrática general en un 25%, elevando ese objetivo hasta el 35% en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las que cuentan con menos recursos para gestionar el complejo papeleo regulatorio.

Al eliminar estas barreras, la Comisión espera que los recursos que hoy se destinan a la burocracia se reinviertan en innovación, expansión e inversión tecnológica. En última instancia, el ómnibus digital representa un punto de inflexión para la soberanía tecnológica de la Unión, asegurando que el mercado único de datos funcione como un motor de crecimiento económico real.