Perte Chip: un primer peldaño para reconstruir un ecosistema | Opinión

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se configuran desde 2021 los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). El propósito de estos proyectos es coordinar y conferir un sentido integral a algunas de las inversiones distribuidas entre los distintos componentes del PRTR. Entre ellos, se estableció el Perte de microelectrónica y semiconductores (Perte Chip) con la finalidad de potenciar las capacidades de diseño y producción de esta industria en España. El proyecto se diseñó en consonancia con la estrategia europea para el sector, asentada sobre la Ley de Chips.

Desde su aprobación por el Consejo de Ministros en mayo de 2022, el Perte Chip generó elevadas expectativas, tanto por su cuantiosa dotación inicial (12.000 millones de euros) como por su enfoque hacia un sector tecnológico que había permanecido en los márgenes de las políticas públicas nacionales. Dada la naturaleza del sector de los semiconductores, la evaluación del impacto y el efecto de sus actuaciones en producción y empleo solo será posible transcurridos varios años. No obstante, se puede realizar una primera valoración del Perte cuando está próxima la expiración del periodo para movilizar las inversiones públicas previstas.

Para la evaluación, se han recopilado datos de distintas fuentes relativos a las acciones desplegadas por distintas entidades públicas bajo el paraguas del Perte Chip. Al no estar la información centralizada, ha sido necesaria la búsqueda e interpretación de anuncios informales, notas de prensa e informes de ejecución de entidades del Gobierno de España y la Comisión Europea. Las actuaciones identificadas se han clasificado entre los ejes del Perte, una asignación que, generalmente, no se ha realizado en la difusión de cada una de ellas.

Tras ello, puede estimarse que la Administración del Estado ha realizado –hasta febrero pasado– una inversión pública de 2.513 millones de euros que ha movilizado más de 5.562 millones. Dentro de las ayudas concedidas, ha sido innovador el uso de las inyecciones de capital como instrumento alternativo a la subvención, y que han supuesto por el momento el 35% de la financiación pública al sector.

La única evaluación netamente cuantitativa posible es su ejecución presupuestaria, que se estima en un 20,53% de lo inicialmente planificado. La valoración de este dato no puede aislarse del contexto europeo. Podemos apreciar que, mientras en el eje de construcción de plantas de fabricación se ha desembolsado el 9,17% del presupuesto previsto, en la media de los tres ejes restantes ha sido del 57,19%. España ha compartido con el resto de la UE el fracaso en atraer grandes proyectos de líneas de producción de chips, un hecho sobre el que habrán de reflexionar las instituciones europeas en la ya próxima reforma de la Ley de Chips.

La valoración de la implementación del Perte tampoco puede ser ajena al histórico de ejecución de fondos por nuestra Administración. Por una parte, en el periodo 2014-2020 se ejecutó un 63% de los fondos de cohesión. De otro lado, el ministro de Economía estimó en un 67% la ejecución de transferencias del PRTR en su última comparecencia monográfica (hay quien la rebaja a un 40%). Por tanto, el Perte Chip aún podría situarse en unos niveles de ejecución razonables –considerando las capacidades de nuestra Administración– en los ejes no relacionados con la construcción de líneas de fabricación.

Entrando en una valoración cualitativa, el Perte Chip deja el legado de la constitución de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha ejecutado el 35% de las inversiones del proyecto. La entidad ha demostrado la importancia de disponer de un brazo ejecutor eficaz y eficiente para desarrollar actuaciones en el sector. La capacidad previa de la Administración española para ejecutar programas de apoyo a la industria de semiconductores era reducida: apenas había gestionado 47 millones de ayudas al programa Ecsel –antecesor europeo de la Ley de Chips– en el periodo 2014-2020. La creación de la SETT, aunque tardía, es una contribución positiva del Perte de cara a poder ejecutar políticas de apoyo al sector en un futuro.

La distribución de las actuaciones del Perte Chip entre las comunidades autónomas ha contribuido al mismo tiempo a la cohesión territorial y al refuerzo de los principales polos de desarrollo del sector. Por un lado, las dos actuaciones de mayor envergadura presupuestaria están siendo ejecutadas en Extremadura –Diamond Foundry– y Andalucía –sede de Imec en España–, y acumulan más del 50% de los fondos desembolsados y del 60% del capital total movilizado. Por otro, si atendemos al número de proyectos financiados, el Perte Chip ha sido coherente con la distribución del ecosistema de microelectrónica en España, adjudicando el mayor número de los más de 300 proyectos subvencionados a entidades localizadas en Cataluña (31%), Madrid (20%), Andalucía (12%) y Valencia (10%).

En resumidas cuentas, si bien el Perte Chip no ha alcanzado sus ambiciosas metas iniciales, ha permitido reforzar un ecosistema que estaba extremadamente debilitado –tanto en la vertiente industrial como administrativa– y asentar una base para el futuro. Finalizado el periodo de ejecución del PRTR, la continuidad de las inversiones en el sector ha sido incluida en la hoja de ruta de la soberanía digital en España, pero sin concretar niveles de financiación. El Gobierno debe desarrollar de modo temprano una nueva estrategia para el sector, coherente con la futura Ley de Chips 2.0, con objetivos concretos, incluyendo no solo niveles de inversión.