El empresario: ese superviviente al que nadie le da la medalla | Opinión

Usted lleva años levantándose antes que nadie, cerrando después que todos y firmando nóminas en días en que su propia cuenta tiembla. Ha sobrevivido a una pandemia, a una guerra en Europa, a tres reformas laborales y a más de una ocurrencia regulatoria que alguien decidió un martes por la tarde sin consultarle. Y, justo cuando creía que lo había visto todo, llega otra declaración política y empieza de nuevo.

El Gobierno de España ha decidido no respaldar la posición de Estados Unidos frente a Irán, convirtiéndose en el socio incómodo de la Unión Europea. Una decisión que, vista desde el despacho de cualquier exportador español, no genera indignación, sino algo peor: fatiga. Esa fatiga específica de quien ya sabe cómo termina la película, pero tiene que verla entera de todas formas.

Y es verdad que dos relojes nunca marcan la misma hora. Existe una incompatibilidad de fondo entre el tiempo del político y el tiempo del empresario que nadie explica en los libros de texto, pero todo directivo conoce de memoria. El político opera en ciclos de cuatro años y necesita resultados visibles antes de la siguiente convocatoria electoral. El empresario opera en ciclos de 10, 15 o 20 años, y necesita estabilidad normativa, certeza jurídica y un horizonte de inversión que no cambie con cada cambio de Gobierno. Son dos lógicas temporales incompatibles. Y, cuando colisionan, siempre gana la más corta, porque tiene el poder legislativo.

El economista Mancur Olson lo documentó hace décadas: las élites políticas tienden a volverse extractivas con el tiempo, capturando el valor que genera el sector productivo para redistribuirlo de forma que maximice votos, no productividad. Schumpeter lo había dicho antes, con menos diplomacia: la democracia de masas genera incentivos perversos para el político profesional, que aprende rápido que es más fácil prometer que construir. Y Acemoglu y Robinson, en su análisis de por qué fracasan los países, añaden el remate: las élites que temen perder el control prefieren un entorno de bajo crecimiento donde ellas distribuyen, antes que uno de alto crecimiento donde el mercado decide.

No es teoría abstracta. Es la historia económica de varios países en bucle, la crónica de cada burbuja alimentada por regulación política, el relato de cada negocio que cierra en una crisis. Miles de empresas desaparecen, pero nunca se ha documentado que algún político haya ido a la quiebra.

Y, sin embargo, aquí seguimos. Porque el empresario ha desarrollado, por pura selección natural, una capacidad de adaptación que ningún sistema político posee. No porque le guste el riesgo, sino porque no le queda otra. Cada obstáculo nuevo ha generado una habilidad nueva. Cada regulación absurda ha forzado una vuelta de tuerca en la eficiencia. Cada crisis ha destilado un músculo que en tiempos normales permanece dormido.

El problema no es que el empresario no sepa sobrevivir. El problema es el coste invisible de esa supervivencia: la inversión que no se hizo por falta de certeza, el talento que se fue porque el entorno no lo retenía, el proyecto que quedó en el cajón esperando un marco regulatorio que nunca llegó a tiempo. Ese crecimiento que no ocurrió no aparece en ninguna estadística. Pero está ahí, en forma de ausencia.

Volvamos a hoy. La decisión del Gobierno español de desmarcarse de la posición occidental frente a Irán no es, en su dimensión inmediata, un apocalipsis comercial. Trump tiene batallas jurídicas propias, el Tribunal Supremo ya le ha dicho que sus aranceles unilaterales son ilegales, y la negociación comercial entre Washington y Bruselas funciona como bloque, no como menú donde se pide a la carta por países. Aislar a España comercialmente es posible en teoría y complicado en la práctica.

Pero, y este matiz lo conoce cualquier exportador, que algo sea complicado no significa que sea inofensivo. Trump tiene una habilidad demostrada para convertir una amenaza en un proceso que dura meses, genera incertidumbre y cuesta dinero aunque no llegue a concretarse. Los pedidos que se postergan, los clientes que piden esperar, los contratos que se revisan: todo eso es pérdida real, aunque no aparezca en ningún titular. Y, quien absorbe ese coste, como siempre, es el fabricante. No el ministro que firmó la declaración.

Una vez más, el empresario tendrá que encontrar las herramientas necesarias para sobrevivir a quienes deberían facilitarle el trabajo. Si la relación directa con Estados Unidos se rompe por una decisión que nadie del sector pidió, toca buscar las rutas alternativas: México, Canadá, los puentes que llevan al consumidor americano sin pasar por la puerta principal y aprovechando el certificado de origen europeo. Porque el consumidor americano no tiene la culpa de sus políticos, igual que el empresario español no tiene la culpa de los suyos. Y, al final, conservar esa relación con quien compra, no con quien gobierna, es lo único que realmente importa.