La justicia española cita al CEO de Cloudflare por la piratería del fútbol | Economía

La Justicia española ha dado un paso sin precedentes en la lucha contra la piratería audiovisual al citar a declarar como investigado al consejero delegado de Cloudflare Inc., el estadounidense Matthew Browning Prince, por su presunta implicación en un caso de piratería que afecta directamente a los derechos del fútbol profesional. El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado la admisión a trámite de una querella criminal interpuesta conjuntamente por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital, matriz de Movistar Plus+, propietaria de los derechos de emisión.

Este auto supone la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de los Estados Unidos por delitos contra la propiedad intelectual, lo que marca un hito en la jurisprudencia digital del país. El tribunal obliga al CEO de la compañía, dedicada a la gestión y distribución de contenidos por Internet, a comparecer el próximo 7 de abril, enfrentándose a cargos de extrema gravedad que incluyen delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia.

La acción penal no solo se dirige contra Matthew Prince a título personal, sino también contra la propia entidad jurídica Cloudflare Inc., que figura como imputada en la causa. Los hechos objeto de investigación se remontan a la facilitación de servicios tecnológicos que, según los querellantes, impiden deliberadamente la eficacia de una resolución judicial previa emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona el 18 de diciembre de 2024. Aquel fallo autorizaba a LaLiga y a Movistar Plus+ a notificar a los proveedores de acceso a internet en España las direcciones IP que facilitasen el acceso ilícito a contenidos protegidos durante cada jornada de competición, permitiendo un bloqueo dinámico de las mismas.

Sin embargo, la infraestructura de Cloudflare habría servido como un muro de contención que imposibilitó la ejecución de estas medidas, protegiendo a las plataformas que retransmiten el fútbol de manera ilegal. Se da la circunstancia de que Cloudflare fichó al ex responsable de ciberseguridad de Telefónica, Chema Alonso, cuando este abandonó la operadora en marzo de 2025.

De acuerdo con la documentación presentada en la querella, se estima que alrededor del 38% de los servidores y servicios que difunden contenidos de la competición de forma ilícita en España utilizan los servicios de conectividad y protección de Cloudflare. La imputación se fundamenta en que la empresa y su presidente habrían desplegado distintas actuaciones destinadas a impedir la correcta y pacífica ejecución de la sentencia de Barcelona.

Las partes querellantes atribuyen a la tecnológica estadounidense delitos tipificados en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal, en relación con el artículo 31 bis, que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y el artículo 288 del mismo cuerpo legal. A esto se suma un presunto delito de amenazas recogido en el artículo 171, o alternativamente de coacciones bajo el artículo 172, junto con un delito de obstrucción a la justicia según el artículo 464, en concurso medial con los anteriores.

Una amplia red

La centralidad de Cloudflare en la cadena de la piratería audiovisual es un punto crítico en la investigación penal. La empresa, que cuenta con una filial en la Unión Europea denominada Cloudflare Portugal Unipessoal Lda, intervendría de forma directa o facilitadora en un porcentaje muy relevante de los delitos cometidos en territorio español. Según sus propias comunicaciones corporativas, Cloudflare opera una red de más de 335 ciudades en 125 países y se interconecta con más de 13.000 redes. Su arquitectura global permite que clientes que operan servicios de IPTV ilegales, portales de streaming pirata, listas m3u, cyberlockers y sistemas de cardsharing utilicen su red como un intermediario que oculta la dirección IP real de los servidores ilícitos mediante un sistema de reverse proxy. De este modo, la dirección visible en internet es siempre una IP de Cloudflare, tras la cual quedan protegidos los servidores que emiten el contenido sin autorización.

Según los querellantes, además de la ocultación, Cloudflare dota a estas plataformas de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de streaming con contenidos ilícitos de LaLiga, distribuidos a través de su red CDN global compuesta por más de 330 nodos.

La querella sostiene que la compañía desempeña funciones esenciales en toda la cadena de valor de la piratería, gestionando las direcciones IP que alojan los contenidos, las de las webs que los suministran y las de los reproductores que permiten su visualización. Por todo ello, LaLiga y Movistar Plus+ defienden que Cloudflare no es un mero transmisor neutro, sino un actor imprescindible sin el cual estas plataformas no podrían operar con la estabilidad y el anonimato que poseen actualmente.

Las pruebas aportadas por los demandantes son contundentes al señalar que Cloudflare tiene la capacidad técnica de bloquear de inmediato el acceso a todas las plataformas piratas que protege en su red si así lo deseara. Se ha acreditado que la empresa recibió más de 114 requerimientos formales, aproximadamente uno por cada día de jornada de competición, con información sumamente detallada sobre las plataformas ilícitas que estaban utilizando su infraestructura. A pesar de que la recepción de estos avisos consta acreditada, la tecnológica no habría adoptado ninguna medida eficaz para cesar la actividad ilegal, lo que refuerza la tesis de la obstrucción a la justicia.

Otro de los elementos agravantes que destaca el tribunal son las manifestaciones públicas realizadas por el propio Matthew Prince. El CEO de Cloudflare ha declarado en diversas ocasiones que las decisiones judiciales de países distintos a los Estados Unidos no obligan a su compañía. Aún más polémico ha sido su señalamiento de que, en caso de que se le exija el cumplimiento de estas normativas internacionales, podría ejecutar medidas técnicas que afectarían colateralmente incluso a servicios de seguridad y emergencia en Europa. Estas afirmaciones han sido interpretadas por las partes querellantes como una forma de coacción y una amenaza directa a la soberanía judicial de los estados miembros de la Unión Europea, elevando el tono de un conflicto que ya no es solo comercial, sino de orden público y respeto a la legalidad vigente.

La causa se encuentra actualmente en fase de instrucción, y el juzgado madrileño sigue acordando diligencias de investigación para desentrañar la actividad completa de Cloudflare en relación con estos hechos. El éxito de esta querella podría suponer un cambio de paradigma global, obligando a los gigantes tecnológicos que operan bajo leyes estadounidenses a acatar las sentencias de los tribunales europeos cuando sus servicios se utilicen para cometer delitos en suelo comunitario.