Trump debería destinar lo recaudado con los aranceles a pagos a las familias | Opinión

El 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a partir de abril de 2025 son inconstitucionales. Los gravámenes que Trump denominó “recíprocos” se aplicaron a muchos productos de la mayoría de los países del mundo. Su base legal fue la ley International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), de 1977. El presidente, en esencia, alegaba que los déficits récord comerciales en bienes de 1,18 billones de dólares constituyen una emergencia económica para el país norteamericano. Su equipo calculó los aranceles a aplicar en función de los que otros países cargan a sus ventas a EE UU y a barreras comerciales no arancelarias como estándares sanitarios, fitosanitarios, contingentes, violación de la propiedad intelectual y otorgación de subvenciones. Bajo la presión de los aranceles recíprocos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Unión Europea, Indonesia e India pactaron con Washington.

Seis de los nueve jueces del Tribunal Supremo, incluyendo tres conservadores, opinaron que la Ieepa existe para sancionar a un país hostil a EE UU. En efecto, su adopción en 1977 pretendía modernizar y delimitar el poder del presidente para castigar económicamente a enemigos. John Roberts, presidente del Supremo, y dos conservadores elegidos por Trump se sumaron a los tres jueces progresistas al sentenciar que la Ieepa no permite fijar aranceles muy altos sobre productos de muchos sectores a todos los Estados. Rechazaron la utilización del arancel como arma polifacética para extraer concesiones en materia comercial, inversión en defensa de sus socios de la OTAN o repatriación de personas en situación irregular. Trump había convertido el arancel en el principal instrumento de su política exterior.

El veredicto no afecta a los aranceles sobre más de 300.000 millones de exportaciones chinas a la primera economía mundial. Se aplicaron en el primer mandato de Trump, acogiéndose al artículo 138 del Trade Act de 1974. Dicha legislación autoriza represalias contra países con prácticas anticompetitivas que perjudican a exportaciones de EE UU. En el caso de China, se trata de la obligación de transferir tecnología, manipulación de su moneda, violación de la propiedad intelectual y subvenciones de cientos de millones de dólares a sus empresas bajo la estrategia Made in China 2025. La Administración Biden mantuvo los gravámenes sobre China, y los amplió a compras de paneles solares y vehículos y baterías eléctricas.

En su primer mandato, Trump también recurrió al artículo 232 del Trade Expansion Act de 1962. Autoriza aranceles cuando la importación de un producto aumenta muy sustancialmente y amenaza a la industria nacional. Se utilizó contra las ventas de acero y aluminio de Canadá, México, Corea del Sur y la Unión Europea. Teniendo en cuenta el relativo éxito de los aranceles de 2016-2020, ¿por qué decidió el presidente esgrimir un arma tan contundente como el Ieepa?

Trump siempre ha recriminado a socios y rivales de su país acumular superávits comerciales y perjudicar a los fabricantes de Estados Unidos. Su equipo económico es aún más proteccionista que en su primer mandato. El representante comercial, Jamieson Greer, el ministro de Comercio, Howard Lutnick, el consejero principal de Comercio del presidente, Peter Navarro, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y el ministro del Tesoro, Scott Bessent, comparten el planteamiento de su jefe. Trump empleó el Ieepa en 2016-2020, pero para castigar a 3.700 entidades, no al comercio internacional de forma indiscriminada.

Trump respondió al revés a la sentencia, anunciando la imposición de aranceles del 10% sobre muchos productos de la mayoría de los países en función del artículo 122 del Trade Act, que otorga al presidente la facultad de adoptar aranceles de hasta el 15% durante 150 días. Pero la medida está prevista para hacer frente a una crisis en la balanza de pagos, y el Congreso debería aprobar una prórroga.

Japón expresó su deseo de mantener el acuerdo de 2025 si se levanta el 10%. Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam tienen buena sintonía con Washington. Probablemente calculan que los beneficios que les aportan sus respectivos pactos con Estados Unidos son preferibles a una renegociación. El futuro de los tratados con India e Indonesia es incierto. Pero el Parlamento Europeo suspendió la ratificación del acuerdo de Turnberry. La UE aceptó un arancel del 15% para sus exportaciones y los eliminaba para ventas industriales de EE UU.

De la nueva carga del 10% quedan excluidos algunos productos electrónicos, farmacéuticos, energéticos, coches, minerales críticos y ciertas importaciones de México, Canadá y los países de América Central vinculados a EE UU por el acuerdo Cafta-DR. Los importadores que pagaron 175.000 millones en aranceles en 2025 a la unidad de aduanas CBP deberán proseguir su batalla legal para ser reembolsados.

La sentencia del Supremo obedece al recurso de una coalición de empresas que incluye a Costco, Alcoa y Goodyear. El Court of International Trade (CIT) de EEU U ha dirimido en el pasado cuándo y cuánto se devuelve. Las empresas tienen que aportar documentación muy exhaustiva, y la Administración intentará frenar los reembolsos. FedEx, l’Oréal, Dyson y Bausch & Lomb han presentado recurso ante el CIT. Los importadores afectados solo tienen una ventana de seis meses para reclamar después de que la CBP haya procesado los aranceles.

El Supremo decidió en 1998 que la Harbor Mainternance Tax (HMT) de 1986 era un impuesto ilegal a las exportaciones. La CIT tramitó devoluciones de 600 millones de dólares en un año, pero la Administración de Bill Clinton facilitó el proceso. Ahora Trump sopesa una HMT para los puestos fronterizos terrestres. La Casa Blanca debería destinar los 134.000 millones recaudados a pagos directos a las familias. Aunque la inflación disminuyó al 2,5% en enero, su efecto acumulado desde 2022 está siendo resentido por los estadounidenses.