La banca trata de desinflar la cuenta única de inversión con una propuesta de incentivos fiscales que favorece a los fondos | Mercados Financieros

La gran banca se ha movilizado ante la llamada del Ministerio de Economía para diseñar la cuenta de ahorro e inversión. Las entidades reciben con recelo el vehículo, cuyo objetivo es promover que el dinero de los particulares salga de los depósitos de baja remuneración –1,2 billones en España— para ir a la Bolsa y a los mercados de renta fija y financiar la economía europea. El sector plantea, por el contrario, un incentivo fiscal similar al de los planes de pensiones, aunque sin el corsé de los 1.500 euros máximos al año, un escenario que mantendría la disparidad del tratamiento fiscal actual, en el que los vencedores son los fondos de inversión clásicos, que disfrutan de la ventaja de poder ser traspasados sin tributación.

Las entidades financieras aceleran para enviar a tiempo sus propuestas sobre la cuenta de ahorro e inversión al departamento dirigido por Carlos Cuerpo, que mañana cierra el plazo para recibir las sugerencias de todos los actores implicados. Diversas fuentes conocedoras de la situación avisan de que la gran banca ha recelado desde un primer momento de este vehículo, que altera una estructura de ahorro e inversión que actualmente proporciona significativas comisiones a través de fondos de inversión, seguros de ahorro u otros productos. La fiscalidad es el aspecto clave de la cuenta única, y en este sentido el Gobierno no ha desvelado aún si tiene algún modelo previsto.

“La oferta ya es suficientemente amplia para que los particulares participen en los mercados, bien mediante la compra directa de acciones o de deuda, bien indirecta a través, por ejemplo, de fondos de inversión”, señalan desde una entidad, en la que aclaran que los intermediarios también tienen que sacar partido de la fórmula. “Solo tiene sentido si se pone en marcha con un potente incentivo fiscal y siempre que se mantenga el modelo de distribución actual de productos”, añaden desde otro banco.

Otra entidad reivindica que históricamente ha canalizado el ahorro hacia la concesión de crédito a empresas, “muchas de ellas pequeñas y medianas (pymes), a las que difícilmente llegará el ahorro a través de estas cuentas de ahorro e inversión”. “Compartimos el objetivo, pero quizá también se pueda conseguir simplificando la normativa y favoreciendo fiscalmente (…) productos de ahorro ya existentes”, añaden. Las entidades consultadas buscan fórmulas creativas para sacar ventaja de la situación. “Lo que está claro es que el modelo sueco [en el que la tributación se efectúa en función del patrimonio en lugar de las plusvalías y se prioriza la inversión directa] no es de nuestro agrado”, sentencian desde una firma.

La mayoría de las entidades consultadas apuesta por un modelo en el que la tributación individual de cada producto siga exactamente igual que ahora, con tributaciones del 19% y al 30% por las plusvalías cada vez que se efectúe una desinversión. Esta fórmula restaría atractivo al traspaso de dinero entre productos directos, como las acciones, los ETF o la deuda, puesto que habría que pasar por la ventanilla de la Agencia Tributaria con cada desinversión.

Los grandes triunfadores serían los fondos de inversión, que en España permiten el diferimiento de la factura fiscal desde 2003, puesto que se puede mover el dinero de uno a otro sin tener que aflorar las plusvalías. La inversión colectiva nacional suma un patrimonio de 450.000 millones de euros que soportan unas comisiones de gestión máximas del 2,25% y la mayor parte de las firmas pertenece a las grandes entidades financieras. Ocho de las 10 mayores del país pertenecen a bancos españoles, una a una entidad francesa y la que resta, a una aseguradora española.

De manera simultánea a esa tributación por producto, que no sufriría cambios, las entidades financieras consultadas quieren que las aportaciones reduzcan la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Esta prebenda es la misma que gozan los planes de pensiones, en los que el dinero se resta del importe sobre el que se calcula el tipo marginal del impuesto.

La gran aspiración de la banca es que no exista ningún límite, aunque, ante la imposibilidad de este idílico escenario por motivos recaudatorios, las entidades abren la puerta a que el umbral sea generoso sin marcar un tope. Sí tienen claro lo que no quieren: que el límite sea de 1.500 euros al año, la deducción máxima para los planes de pensiones individuales, lejos de los 8.000 euros que se permitían hace seis años.

El funcionamiento del incentivo sería el mismo que en los planes concebidos para crear una hucha que complemente la pensión pública una vez que el trabajador se haya jubilado. Es decir, el ahorro puede llegar a ser del 54%, equivalente al tipo marginal máximo de la base general en el caso más extremo, el de la Comunidad Valenciana. En este supuesto, una aportación de 10.000 euros implicaría pagar 5.400 euros menos. El Gobierno actual considera que este incentivo es regresivo, puesto que, a mayores ingresos, mayor es el ahorro, de ahí que se hayan reducido los límites de las deducciones a los planes de pensiones.

Para que puedan disfrutarse los incentivos tributarios, se plantea un periodo mínimo de mantenimiento de la inversión de cinco años, si bien el dinero no quedaría secuestrado. El inversor podría recuperarlo en supuestos concretos antes del vencimiento, so pena de devolver los incentivos fiscales.

La gran diferencia está en que con la cuenta de inversión, tal y como está en la hoja de ruta de la banca, no habría que volver a pasar por Hacienda cuando se produzca el rescate de los ahorros, como ocurre con los planes de pensiones. En estos últimos, se tributa por el importe recuperado según el tipo marginal que corresponda cuando el contribuyente se jubile o invoque alguno de los casos de rescate anticipado. La banca propone un modelo híbrido inédito: disfrutar de la deducción en el IRPF al aportar (como en los planes de pensiones) pero tributar mucho menos al rescatarlo (como un fondo normal).

Dos modelos bien diferentes

El modelo de la banca difiere radicalmente del propuesto por BME, que aboga por una estructura sin periodo mínimo de inversión y en la que puedan comprarse y venderse los activos sin necesidad de tributar por cada desinversión, sino con una fiscalidad que se ceñiría a una rentabilidad teórica sobre la que el gestor de la Bolsa española propone una tributación del 19% al 25%, aplicando mínimos exentos. Uno de los mantras de Juan Flames, consejero delegado de BME, es que el minorista vuelva a la Bolsa. La participación de las familias en la propiedad de las acciones españolas se sitúa en el 15,8%, su nivel más bajo en 32 años, según BME.

La banca quiere ampliar las inversiones elegibles más allá de las acciones, los bonos corporativos o los fondos cotizados (ETF) y los fondos europeos a largo plazo (ELTIFs) del Espacio Económico Europeo (los 27 países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein) como ocurre en la propuesta del gestor de los mercados regulados españoles. Los bancos amplían el abanico a la deuda pública, además de a los mencionados fondos de inversión —incluidos los monetarios, que harían la función de activos refugio—, equivalentes a los depósitos bancarios de toda la vida. También debería permitirse que las cuentas operen bajo asesoramiento y que las inversiones alcancen a cualquier país del mundo.

Aunque las entidades sí son partidarias de que este nuevo producto pueda incluir efectivo, este debería ser limitado y transitorio y no debería incentivarse. El objetivo es que no se convierta en una suerte de depósito, lo que desnaturalizaría la misión del vehículo de impulsar la participación de los particulares en los mercados de capitales.

En algunos bancos explican que sí podría plantearse el objetivo de la etiqueta Finance Europe, que requiere que el 70% de los activos se asignen a empresas europeas. “Pero en una segunda fase, una vez que el producto se haya implementado con éxito”, señalan desde una entidad. Desde otra abogan primero por crear este sello y, ya en su segunda fase, lanzar la cuenta de ahorro e inversión.

Sobre las comisiones, las entidades piden que no haya restricciones e instan al Gobierno a que no limiten la apertura de cuentas a una por persona. Así, los inversores podrían disponer de varias, cada una de ellas en un proveedor —que sería cualquier entidad financiera autorizada en España, por el Banco de España o la CNMV—, lo que permitiría al cliente disponer de productos de fabricantes diferentes.

Desde el neobanco N26, sin embargo, tienen una posición muy diferente a la de los grandes bancos. Su director general en España, Antón Díez Tubet, aboga por equiparar la fiscalidad de todos los activos, incluidos los ETF, ahora penalizados frente a los fondos de inversión clásicos, y apuesta por la exención de los rendimientos positivos obtenidos durante la vida de la cuenta con un periodo mínimo de cinco años, en lugar del modelo de la reducción de la base imponible, como ocurre con los fondos de pensiones.

El directivo de N26 pide también un umbral máximo vinculado al disfrute de las ventajas fiscales para que se garantice que se orienta al ahorro a largo plazo de los inversores minoristas y no se usa como un instrumento de ingeniería fiscal para grandes patrimonios. Coincide aquí con el Ejecutivo, que ha ido reduciendo el importe de las desgravaciones de los planes de pensiones hasta el nivel actual de 1.500 euros.